Proyecto de Ordenanza
Manifestando preocupación por la situación que atraviesan las instituciones que trabajan con personas con discapacidad, como consecuencia del atraso y falta de pago de prestaciones
Expediente: HCD-468/2026
Autor: FUERZA PATRIA
Bloque: FUERZA PATRIA
Coautor(es): Lucía Verónica Martínez Zara Micaela Tomassini Alvaro Diaz Roberto Arcangel Claudio Alberto Carucci Jazmín Laffitte Torman Gustavo Ariel Lara María Belén Rodríguez Márquez Lucía Velaustegui
Palabra(s) clave(s): discapacidad
“2026 – año de la Reconstrucción del Partido de Bahía Blanca”
Honorable Concejo Deliberante
BLOQUE FUERZA PATRIA
Proyecto de Resolución: Manifestando preocupación por la crítica situación que atraviesan las instituciones que trabajan con personas con discapacidad en la ciudad de Bahía Blanca, como consecuencia del atraso y la falta de pago de prestaciones por parte del Estado Nacional.
Autor: Bloque Fuerza Patria.
VISTO:
La crítica situación que atraviesan las instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad en la ciudad de Bahía Blanca, como consecuencia del retraso y/o interrupción en el pago de prestaciones por parte del Estado Nacional. Y el impacto de las políticas nacionales en materia de discapacidad sobre el funcionamiento del sistema prestacional, incluyendo el acceso a pensiones no contributivas, el financiamiento de prestaciones y la continuidad de los servicios;
CONSIDERANDO:
Que en la República Argentina residen aproximadamente 5 millones de personas con discapacidad, lo que representa cerca del 10% de la población, configurando un universo que requiere políticas públicas sostenidas, integrales y con financiamiento adecuado;
Que el sistema de atención a la discapacidad se organiza en torno a la intervención de la Secretaría Nacional de Discapacidad, organismo responsable de la administración de pensiones no contributivas, la certificación de la discapacidad y la articulación del sistema de prestaciones establecido por la Ley Nº 24.901, lo que evidencia una alta dependencia del financiamiento estatal;
Que en los últimos años se ha verificado un proceso de revisión y restricción en el acceso a pensiones no contributivas, con auditorías masivas, suspensiones de beneficios y procesos de revisión que han derivado en una creciente judicialización;
Que, en paralelo, los aranceles del sistema de prestaciones han evolucionado por debajo del incremento de los costos operativos, generando un desfasaje que compromete la sostenibilidad económica de los prestadores;
Que se registran retrasos sistemáticos en los pagos y deudas acumuladas con prestadores de servicios por parte del Estado Nacional, lo que afecta directamente la continuidad de las prestaciones previstas en la Ley Nº 24.901;
Que este escenario ha motivado la adopción de medidas excepcionales a nivel nacional, incluyendo la declaración de emergencia en materia de discapacidad, sin que ello se haya traducido en una solución efectiva y sostenida a la crisis del sector;
Que como consecuencia de estas políticas se observan cierres o reducción de servicios, dificultades para sostener dispositivos de atención, precarización laboral en el sector y transferencia de costos hacia las familias, afectando el acceso efectivo a derechos;
Que en el ámbito de Bahía Blanca estos procesos adquieren particular gravedad, en tanto la menor densidad de oferta prestacional propia de las ciudades intermedias amplifica el impacto de cada interrupción o reducción de servicios;
Que instituciones locales que prestan servicios esenciales de atención, cuidado y acompañamiento a personas con discapacidad atraviesan una situación crítica debido a la falta de pago de prestaciones, registrándose atrasos prolongados que comprometen su funcionamiento y ponen en riesgo su continuidad;
Que la interrupción o debilitamiento de estas prestaciones implica una afectación directa a derechos fundamentales de las personas con discapacidad, protegidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional;
Que el Estado Nacional tiene la responsabilidad indelegable de garantizar el acceso a las prestaciones básicas en materia de discapacidad, conforme lo establece la Ley Nº 24.901 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;
Que corresponde a este Honorable Concejo Deliberante expresar su preocupación y promover acciones institucionales frente a situaciones que afectan a sectores en condición de mayor vulnerabilidad;
POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS FACULTADES,
RESUELVE