Proyecto de Resolución
Solicitando a la OMIC intervención por el aumento de las tarifas de telefonía celular.
Expediente: HCD-642/2015
Autor: Elisa Virginia Quartucci
Bloque: Integración Ciudadana
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Visto:
Las recientes noticias difundidas en diferentes medios de comunicación que dan cuenta de la decisión de las empresas de telefonía celular de aumentar sus abonos y tarifas; y
Considerando:
Que en orden a lo publicado en diferentes medios los clientes de las tres grandes empresas que brindan el servicio de telefonía celular promoverán aumentos de las tarifas de hasta el 25%. En el caso de los clientes de Movistar deberán pagar más desde el mes de junio y los de Personal a fines de julio.
Que con el aumento anunciado las tarifas del servicio de telefonía celular registrarán alzas del 45% en cuatro meses.
Que tales aumentos no van acompañados de una mejora del servicio para los usuarios sino que se dan en un contexto de muy mala calidad en la prestación del servicio de telefonía celular.
Que diferentes entidades de defensa del consumidor han planteado acciones tendientes a manifestar la disconformidad de los usuarios. Tal es el caso de la organización Consumidores Libre –cuyo representante legal es el Sr. Héctor Polino- que ha convocado a los usuarios de la telefonía celular a un boicot el sábado 6 de junio de 12 a 14 horas en señal de protesta por el nuevo aumento en las tarifas y por la pésima calidad del servicio. La queja consistirá en no realizar ni recibir llamadas telefónicas ni ningún otro tipo de acciones (uso de datos, mensajes de Whatsapp o SMS, etc.) con el propósito de llamar la atención de las empresas.
Que en el caso de la OSC mendocina de defensa del consumidor denominada Asociación Consumidores Responsables, viene difundiendo en su página web un formulario de reclamos por el cual los usuarios del servicio pueden dirigirse a la Comisión Nacional de Comunicaciones y así manifestar el rechazo al incremento de tarifas propuesto por las empresas. La entidad convoca también al boicot al uso de teléfonos celulares mencionado. Otras entidades protectoras se han sumado también a la jornada de protesta como por ejemplo Arco de Acción Ciudadana (La Rioja), Aconoa (Tucumán), Adecse (Santiago del Estero), Unión de Consumidores de Argentina (CABA) y Proconsumer (Santa Fe).
Que las entidades protectoras de los derechos del consumidor y usuarios de servicios tienen también la intención de exigir a las autoridades mayores controles a las empresas de servicios de telefonía móvil y la regulación de las mismas.
Que tales OSC manifiestan que los aumentos anunciados constituyen una práctica abusiva e ilegal por parte de las empresas de telefonía móvil, ya que el incremento de la tarifa se realiza a través de una variación del contrato en forma unilateral, sin contar con la conformidad del usuario. Así, el usuario se notifica del incremento del abono al momento de recibir factura.
Que, asimismo, hacen hincapié en que los contratos deben fijar expresamente el precio del servicio, el que debe ser mantenido mediante la vigencia del mismo. Por otra parte, los incrementos deben ser informados y notificados con 60 días de anticipación como si se tratase de cualquier cambio contractual, dejando la posibilidad al consumidor de rescindir sin cargo el contrato. La situación descripta se encuentra contemplada en la Resolución 9/04 Anexo II sobre Cláusulas Abusivas en los contratos de telefonía de la Secretaría de Coordinación Técnica, dependiente del Ministerio de Economía.
Que la entidad sugiere reclamar ante la Comisión Nacional Comunicaciones la aplicación del artículo 48° de la Ley 27.078 referido a la regulación de las tarifas de la telefonía móvil y, a su vez, la aplicación de la multa prevista en el artículo 47 inc. b) de la Ley 24.240 por considerar que las empresas licenciatarias han aumentado sus tarifas reiteradamente sin que tales incrementos obedezcan a incorporación de nuevos servicios y/o tecnología o a la adopción de mayores costos.
Que, en otro orden de cosas, son varios los proyectos de ley que han sido presentados en la Legislatura Nacional que promueven la declaración de la telefonía móvil como “servicio público”. Tales proyectos apuntan a poder establecer una política regulatoria del servicio por parte del Estado a fin de proteger los derechos de los usuarios de telefonía móvil, asegurar la adecuada calidad del servicio prestado, promover la eficiencia en la prestación del servicio, fijar tarifas que resulten justas y razonables en relación con el servicio prestado, establecer obligaciones y deberes a las empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil, entre otros objetivos.
Que a pesar de las diferentes iniciativas legislativas, aún la telefonía móvil no es considerada en nuestro país como un “servicio Público”, es decir, aquel servicio que se considera un derecho garantizado para todos los ciudadanos.
Que los diferentes proyectos de ley señalan el crecimiento significativo del uso de telefonía móvil observado en los últimos años, llegando incluso a sustituir a la telefonía fija. Mencionan también que por la baja relativa de los precios de los teléfonos celulares sumada al desarrollo de nuevas tecnologías han permitido dejar de considerar al teléfono celular como un bien de lujo.
Que por la masividad en el uso, la telefonía celular se ha convertido en un sistema de seguridad al que recurren los diversos integrantes de las familias, independientemente de la edad que posean.
Que el uso masivo de la telefonía móvil pone de relieve la necesidad de contar en nuestra país con un marco regulatorio para tal servicio que, además de regular las tarifas del mismo, otorgue a los usuarios mayores derechos y garantías, sobre todo teniendo en cuenta los numerosos reclamos realizados referidos tanto a problemas de facturación como a las ineficiencias observadas en la prestación del servicio. Esta última situación de refleja a diario en las oficinas de defensa del consumidor, tal lo que sucede en la OMIC de nuestra ciudad.
Que, por lo antedicho, resulta necesario contar con una normativa que regule tanto la calidad de prestación como el precio de los servicios de la telefonía móvil a la vez que reste libertad de maniobra unilateral a las empresas prestadoras.
Que, por todo ello, el H. Concejo Deliberante, en uso de sus facultades,
RESUELVE
Primero: Solicitar a la OMIC evalúe la posibilidad de efectuar, en representación de los usuarios bahienses de telefonía celular, reclamos a las empresas de telefonía móvil a fin de rechazar y denunciar el aumento unilateral del precio del servicio anunciado, por no cumplir con las condiciones contractuales y legales, en orden a los considerandos de la presente.
Segundo: Solicitar al Congreso de Nación la declaración de la telefonía móvil como “servicio público” y la sanción de un marco regulatorio para tal servicio.