Proyecto de Resolución
Solicitando al Congreso de la Nación la pronta sanción de una ley que considere a la telefonía móvil como un “Servicio Público”
Expediente: HCD-1067/2010
Autor: Elisa Virginia Quartucci
Bloque: 8 de Septiembre – G.E.N. Radical
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Visto:
La necesidad de contar con un marco regulatorio que defienda a los usuarios de la telefonía móvil; y
Considerando:
Que en el seno de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara Baja se vienen realizando reuniones tanto con representantes de las empresas, de las asociaciones de consumidores como de la Comisión Nacional de Comunicaciones (C.N.C.) -organismo regulador- a fin de avanzar en la redacción de un marco regulatorio a la telefonía celular. La intención de los legisladores en modificar la ley 24.240 y considerar a dicha telefonía como un “servicio público”.
Que tanto legisladores nacionales como los Defensores del Pueblo de varias provincias se han manifestado a favor de avanzar en un marco regulatorio para la telefonía celular, a fin de que las tarifas puedan ser reguladas por un ente estatal y no fijadas unilateralmente por las empresas de telefonía.
Que la aprobación de un marco regulatorio para la telefonía celular, además de regular las tarifas del servicio, permitiría dotar a sus usuarios de mayores derechos y garantías. La modificación de la legislación vigente apunta también a dar respuesta a los incesantes reclamos de los usuarios de celulares vinculados tanto a las deficiencias en la prestación del servicio como a problemas de facturación, pues se observa que en las oficinas de defensa del consumidor una gran parte de los reclamos se relacionan con la telefonía móvil.
Que en la actualidad, al carecer de un marco regulatorio estatal, las empresas privadas fijan sus precios sin ningún tipo de control del Estado, por lo que resulta pertinente avanzar en una normativa que permita regular tanto la calidad del servicio como el precio.
Que, de avanzar el proyecto que se analiza en la Cámara de Diputados se daría a la telefonía móvil el mismo tratamiento que a la telefonía fija, la que ya es considerada por la legislación como un servicio público.
Que en los últimos años el uso de celulares ha tenido un crecimiento exponencial, incluso, en muchos casos, este servicio ha reemplazado a la telefonía fija. Según datos que se analizan en la Legislatura, en la actualidad existen en nuestro país alrededor de 8 millones de líneas fijas mientras que el número de celulares asciende a más de 45 millones. Lo antedicho pone de manifiesto la necesidad de avanzar en un marco regulatorio. Además, la masividad del servicio queda demostrada por las propias estadísticas oficiales ya que, por ejemplo, a partir de un relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.) en el año 2005, el número de contratos de telefonía celular vigentes en nuestro país era de 20.371.000, mientras que los datos actuales señalan que son más del doble los celulares habilitados.
Que, a partir de la difusión de nuevas tecnologías y el abaratamiento de los teléfonos celulares, el servicio ha dejado de ser, desde el punto de vista económico, un bien de lujo y ha pasado a ser utilizado en forma masiva independientemente del nivel de ingreso de los usuarios, que intenta dar respuesta a sus necesidades.
Que la telefonía celular es utilizada en nuestro país por personas de diferentes edades y estratos sociales y, en la actualidad gracias al surgimiento de algunos avances tecnológicos, se ha convertido en un nuevo medio de comunicación masiva que incluso es utilizado frecuentemente como instrumento que intenta brindar seguridad a sus usuarios.
Que el incremento anunciado por estos días de la tarifa de la telefonía celular –que va desde el 15 al 20% según dos de las compañías que impulsan el aumento-, y que es independiente de las modalidades de contratación, se suma a uno similar aplicado por las mismas empresas en el primer trimestre del año en curso.
Que el aumento previsto por las empresas de telefonía celular anunciado recientemente, sumado al incremento registrado a principios de año, resulta superior tanto al incremento de la inflación como de los salarios medidos tanto por el I.N.D.E.C. como por consultores privados.
Por lo expuesto, el H. Concejo Deliberante, en uso de sus facultades
RESUELVE
Primero: Solicitar al Congreso de la Nación la pronta sanción de una ley que considere a la telefonía móvil como un “Servicio Público”.
Segundo: Remitir copia de la presente a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C.) y a las asociaciones de defensa de usuarios y consumidores con sede en nuestra ciudad.