Proyecto de Resolución
Repudiando contundentemente el espionaje ilegal realizado por la gestión de Mauricio Macri utilizando la Agencia Federal de Inteligencia
Expediente: HCD-240/2020
Autor: Frente de Todos
Bloque: Frente de Todos
Coautor(es): Gisela Ghigliani Gustavo Mandará Pablo Rosenfelt Romina Pires Carlos Quiroga Walter Larrea Luis Alberto Calderaro Lucía Verónica Martínez Zara Analía López Carlos Moreno Salas Paula Echeverria
Palabra(s) clave(s): afi inteligencia ilegal
VISTO
Los casos de espionaje ilegal realizados por la AFI durante la administración del ex presidente Mauricio Macri;
CONSIDERANDO
Que Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, presentó una denuncia judicial contra los ex titulares de la agencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y el ex Presidente de la Nación Mauricio Macri por “producción de inteligencia ilegal” en perjuicio de unas 500 personas, entre los que se encuentran periodistas, dirigentes de organizaciones sociales y políticas, académicos y empresarios;
Que además el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, citó a la Vice Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al Jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta por las maniobras de espionaje ilegal de las que fueron víctimas durante el Gobierno de Mauricio Macri;
Que en la denuncia con número 2916/2020 también presentada por Cristina Caamaño por “violación de correspondencia” y “violación del sistema informático” se adjuntó el listado de titulares de correos electrónicos afectados, apareciendo entre las víctimas de espionaje ilegal Elizabeth Gómez Alcorta, Rodolfo Tailhade, Laura Alono, Nicolás Massot, Héctor Daer, Mario Negri, Verónica Magario, Ángel Rozas, Carlos Tomada, Martín Sabatella, Carlos Raimundi, Ernesto Sanz, entre otros;
Que las acciones denunciadas claramente violan la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional y constituyen una flagrante violación a los Derechos Humanos;
Que dicha ley en su artículo 4° establece que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”;
Que las fichas encontradas en una caja fuerte del organismo fueron confeccionadas por la Dirección de Eventos Especiales que se dedicó a investigar afinidades políticas y vínculos de quienes por ejemplo se acreditaron para cubrir las cumbres de la OMC y del G20 realizadas en Buenos Aires en los años 2017 y 2018;
Que se hallaron 28 fichas de personas vinculadas al mundo académico y otras 59 adicionales, principalmente de empresarios y sindicalistas en las que junto con la fotografía personal se detalla la vida privada colocando datos como cuentas bancarias, vínculos familiares, propiedades, automóviles a su nombre, participación en sociedades y salario de sus empleadas domésticas;
Que además se encontraron informes confeccionados contra organizaciones como el Trasnational Institute y el Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio” catalogándolas como “grupos economistas de izquierda con fuerte presencia en medios de comunicación y de corte kirchnerista”;
Que se pudo verificar por medio de un informe elaborado por “fuentes propias” la presencia de espías infiltrados en un acto del PTS en el Hotel Bauen;
Que la denuncia de Caamaño por “producción de inteligencia ilegal” quedó radicada en el juzgado federal 11 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y en la fiscalía de Paloma Ochoa, y que el origen de la inteligencia ilegal denunciada es un documento interno elaborado por el Ministerio de Seguridad, a cargo por entonces de Patricia Bullrich, calificado como “confidencial”;
Que paralelamente el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena se encuentra investigando las operaciones de inteligencia ilegal que se concretaban en los pabellones C y D del Módulo 6 del penal de Ezeiza, en las que estaba intervenido el teléfono público y había presencia de micrófonos en las celdas y en la sala donde los ex funcionarios y empresarios detenidos se reunían con sus abogados y hasta donde se producían los encuentros con las familias y visitas;
Que el acusado de narcotráfico Sergio “Verdura” Rodríguez, reclutado por la AFI, para atentar contra el funcionario del Ministerio de Defensa José Luis Vila, relató que colocó una caja con trotyl en la avenida Callao por pedido de Facundo Melo, abogado y agente de la AFI;
Que la investigación judicial condujo a dos ex penitenciarios, Araque y Sáez, cuyos domicilios fueron allanados y sus celulares secuestrados;
Que el vínculo de la AFI con la Dirección de Reunión de Información del Servicio Penitenciario Federal se verificó, por lo que el juez Villena ordenó el allanamiento de esa Dirección y también la Dirección de Seguridad del SPF;
Que el Juez Villena determinó el seguimiento del abogado Facundo Melo, logrando determinar que era miembro de la AFI a cargo de Gustavo Arribas y que tenía relación con barras bravas de diferentes clubes de fútbol;
Que el juzgado secuestró el celular del agente Melo, surgiendo conversaciones con otras personas donde daban cuenta de espionajes a políticos, dirigentes de distinto origen partidario, sindicalistas, famosos, funcionarios en actividad, jueces, periodistas, miembros del culto católico, referentes de organizaciones sociales, empresarios, diputados nacionales y provinciales, intendentes, gobernadores y ex presidentes de la Nación;
Que la Asociación de Corresponsales Extranjeros en la Argentina reclamó ante la justicia federal la investigación a fondo la denuncia de espionaje ilegal expresando que “varios de nuestros socios aparecen en los listados de periodistas presuntamente espiados por los servicios de inteligencia de la gestión macrista, lo que constituye un grave delito penal”;
Que el Presidente Alberto Fernández repudió fuertemente este accionar al sostener que “a esos sótanos de la democracia, donde estas miserias se asomaron, los vamos a clausurar para siempre y no vamos a dejar que los recursos de inteligencia del Estado se usen en desmedro de ningún ciudadano argentino, piense como piense”;
Que la Vice Presidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró los hechos como un “escándalo inédito” denunciando el seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a dirigentes del propio oficialismo, recordando por ejemplo como por radio y televisión se transmitieron conversaciones privadas producto de la inteligencia ilegal desarrollada por la AFI;
Que varios dirigentes de distinto color político repudiaron esta situación, entre ellos el ex Senador Nacional y ex Secretario de la Unidad AMIA Mario Cimadevilla denunciando los hechos, sosteniendo públicamente que “frente a lo que se está conociendo de espionajes ilegales la UCR tiene dos opciones o los condena o asume un silencio que la hace cómplice” y recordando tanto la disolución disolución de la Unidad Especial de Investigación como las presiones que sufrió por parte de Macri y Garavano;
Que el diputado nacional Leopoldo Moreau, presidente Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia, consideró que “toda la dirigencia política, sin importar bandera, debería condenar estos hechos”;
Que el Senador Nacional Oscar Parrilli expresó “nosotros sentíamos en carne propia las filtraciones telefónicas, los seguimientos personales, los amedrentamientos e hicimos denuncias permanentemente” y recordó que Cristina Kirchner denunció en 2018 “el esquema de persecución” del gobierno de Mauricio Macri;
Que el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, expresó “me llama la atención el silencio de la UCR frente a episodios de esta naturaleza que son gravísimos. Si en algo está en juego el estado de derecho es ante estas cosas”;
Que en el marco de la denuncia realizada por la interventora de la AFI Cristina Caamaño se observa que entre las víctimas del espionaje ilegal aparece Francisco Cantamutto, profesor de nuestra ciudad en la Universidad Nacional del Sur e investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur
Que la Universidad Nacional del Sur emitió un duro comunicado en el que consideraron que “las fuerzas de seguridad y las agencias del Estado deben estar al servicio de la sociedad, y jamás puestas al servicio de la persecución de los ciudadanos por sus ideas o su actividad política, gremial o académica”;
Que Francisco Cantamutto públicamente sostuvo en declaraciones radiales que estas prácticas son una rémora de tiempos peores y que “es una pena y una tragedia que sigan operando estos mecanismos de espionaje sobre la población”;
Que el Honorable Concejo Deliberante, como casa de nuestra democracia local, debe repudiar con todas sus fuerzas este accionar ilegal de espionaje que atenta contra los principios básicos del Estado de Derecho;
POR TODO LO EXPUESTO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS FACULTADES
RESUELVE
ARTICULO 1°. Repudiar contundentemente el espionaje ilegal realizado por la gestión de Mauricio Macri utilizando la Agencia Federal de Inteligencia.
ARTICULO 2°. Expresar la solidaridad de este cuerpo con el Profesor de la Universidad Nacional del Sur e investigador del CONICET Francisco Cantamutto, víctima del espionaje ilegal realizado por la AFI.
ARTICULO 3°. Remitir copia de la presente resolución al Rectorado de la Universidad Nacional del Sur y al Poder Ejecutivo de la Nación.