La edil Paola Ariente presentó un proyecto de resolución expresando el beneplácito por la Resolución N° 201/2017 de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires que establece el programa de integración Socio–Urbana.

Esta resolución provincial refuerza la concepción acerca del lugar de radicación de toda vivienda en su vertiente socio-territorial, considerando en especial, el efectivo acceso a los servicios y dispositivos que la vida cívica debe garantizar, tales como la escuela, el hospital, el transporte público, entre otros.

Además, el proyecto de destaca que el programa de integración socio-urbana prevé una serie de instrumentos y herramientas para mejorar las condiciones habitacionales, contrarrestar el déficit urbano habitacional, las condiciones de la vivienda y el hábitat digno.

Los concejales Marcelo feliu y Paola Ariente presentaron un proyecto de ordenanza adhiriendo a la Ley Provincial 14301.

Asimismo, establece la aprobación del programa “Bahia Integra”.

Esta ley entiende que la problemática de inseguridad y los altos niveles de reincidencia que muestran las estadísticas oficiales; generan la necesidad de crear una red social e institucional que garantice la posibilidad de acceso a programas de capacitación e inclusión en la cultura laboral  de las personas que estén o hayan estado bajo proceso penal.

El programa tiene como fin revalorizar el trabajo como herramienta de reinserción social, promover la adopción de mecanismos tendientes a facilitar la reinserción laboral de las personas que estén o hayan estado bajo proceso penal, crear oportunidades de trabajo en el ámbito público y privado, gestionar herramientas que faciliten la capacitación y desarrollar una progresiva toma de conciencia, por parte de la población, respecto de la importancia del trabajo como herramienta de inclusión, reinserción social, y como modo de prevención de la reincidencia en el delito.

Los ediles Paola Ariente, Betiana Gerardi, Maximiliano Nuñez Fariña y Marcelo Feliú presentaron un proyecto de ordenanza en que establecen la adhesión del Municipio de Bahía Blanca a la Ley Provincial Nº 14991 que declara de Interés Provincial la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio.

Uno de los propósitos de la Ley es el desarrollo de acciones y estrategias para lograr la sensibilización de la población, ya que el suicidio es una realidad silenciosa en las sociedades modernas y el tabú que lo rodea hace que su prevención aún no se haya abordado de una forma adecuada.

Además, el proyecto solicita que el dial 10 de septiembre de cada año, el Departamento Ejecutivo, en base a lo establecido en la Ordenanza N.º 15870, disponga de personal especializado, para realizar una campaña de difusión masiva orientada a la concientización y prevención del suicidio dirigida en especial a alumnos de centros educativos, tanto públicos como privados.

Por intermedio de un proyecto de resolución, el concejal Carlos Quiroga expresa la preocupación que viven la mayoría de los farmacéuticos y el Colegio de Farmacéuticos frente a la posibilidad que se instale la cadena polirubro Farmacity en la ciudad.

El proyecto manifiesta que la Ley 10.606 tiene como espíritu y finalidad imprimir a la actividad farmacéutica un neto corte sanitario que permita el desarrollo de la actividad en términos de garantizar el acceso a los ciudadanos y no convertirla en un mero hecho o acción comercial.

Ante esto, entiende que estas cadenas multirubro con licencia para la venta de medicamentos alteran las condiciones de mercado y vulneran no solo en el rubro farmacéutico sino también rubros como perfumería, pañaleras, entre otro.

Frente a esta situación, el proyecto de resolución le solicita que la Gobernadora María Eugenia Vidal y los presidentes de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires, tengan a bien tomar todas las medidas conducentes con el objeto de garantizar los derechos adquiridos por los farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.

Por intermedio de un proyecto de resolución, el concejal Carlos Quiroga expresa su preocupación ante el posible riego de pérdida de 400 puestos de trabajo de personal civil en la Base Aeronaval Comandante Espora y en el Arsenal Naval.

El proyecto se basa en manifestaciones de la Asociación de Trabajadores del Estado, seccional Bahía Blanca, quienes denunciaron que se encuentran en riesgo puestos de trabajo y sostienen que hay rumores de retiros voluntarios, no renovación de contratos y traslados compulsivos.

Por último, el concejal solicita al Ministerio de Defensa de la Nación que se abstenga de realizar estas acciones y la intervención del Ejecutivo local ante esta situación.

El concejal Walter Larrea presento un proyecto de resolución en el que manifiesta preocupación frente al presunto cierre, la posible pérdida de los puestos laborales y el desmantelamiento del Taller Ferroviario Coronel Maldonado.

La resolución se basa en el decreto 1100/2017 de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, publicado en el Boletín Oficial el 22 de Enero de 2018, que establece la supresión de la Unidad Ejecutora Programa Ferroviario Provincial (FERROBAIRES) a partir del 15 de marzo de 2018

Además ante esta situación la resolución solicita la intervención directa del Intendente, para que interceda ante las autoridades correspondientes.

La concejal Maria Gisela Ghigliani  presento un proyecto de ordenanza estableciendo la creación del programa de prevención del acoso a mujeres en bares, confiterías, restaurantes, boliches bailables u otros establecimientos, que dependerá de la Dirección de Políticas de Genero de la Municipalidad de Bahía Blanca.

El objetivo principal de este programa es el de abordar la problemática de esta modalidad de acoso contra las mujeres aportando a la desnaturalización, a la transformación social y cultural para la erradicación de prácticas machistas.

Este proyecto entiende que “Estas prácticas de la cultura machista no deben naturalizarse ni banalizarse; y exige el compromiso de la sociedad toda para su abordaje, erradicación y sanción social ya que, en presencia de una situación de acoso, la inacción del entorno revictimiza a la mujer que la padece y confiere impunidad al acosador”