Durante la mañana de hoy se convocó de manera extraordinaria el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El principal objetivo del encuentro, se centró en preparar la próxima reunión del viernes 8 de marzo, informó el concejal Maximiliano Nuñez Fariña.

“Se habló sobre la reunión mantenida con el secretario de Infraestructura del Municipio, Alejandro Meneses, en la que se le acercó un relevamiento sobre el estado de las distintas rampas de discapacidad que existen en las esquinas de la ciudad”, describió el edil.

Informó que la discusión se centra en la altura que se le debe otorgar a la mencionada rampa. “Lo que se pretende, es que sea de 0º”, apuntaló.

Nuñez Fariña comunicó también que se acordó coordinar un encuentro con el director de Tránsito para dialogar sobre el estacionamiento y los boxes para personas con discapacidad.

“Al igual que con las rampas, tenemos que empezar a evaluar cuáles funcionan, y cuáles no”, dijo Maximiliano Nuñez Fariña.

Para finalizar, señaló que se pedirá una reunión con el nuevo director del G.U.M. (Guardia Urbana Municipal) a los efectos de informarle sobre las nuevas adecuaciones dispuestas por la Ordenanza en lo que hace a estacionamiento para personas con discapacidad.

A través de la presentación de una minuta de comunicación, el Bloque de concejales de Unidad Ciudadana requiere informe sobre la reunión entablada por el Intendente con autoridades policiales y judiciales del distrito de Bahía Blanca, el pasado miércoles 6 de febrero.

Específicamente, se indaga sobre cuáles fueron las estrategias analizadas para realizar en forma conjunta entre las fuerzas de seguridad y organismos judiciales; y qué compromisos asumió el Departamento Ejecutivo con el objetivo de llevar a cabo las gestiones necesarias con las autoridades correspondientes para solucionar las deficiencias de recursos y cubrir las fiscalías vacantes cómo sostuvieron públicamente funcionarios judiciales.

De igual modo, y visto el Presupuesto Municipal 2019, aprobado con el doble voto del Presidente del HCD, y que se destinan $37.721.356 millones (un 19,03% del presupuesto total de la Secretaria de Seguridad) como “colaboración para asegurar el normal funcionamiento de las distintas fuerzas de seguridad que actúan en la ciudad”, expresan lo ediles que “se infiere que el objetivo de la partida era mantener la misma calidad de servicio que durante el 2018 ¿cuáles son los motivos de la reducción del patrullaje en los últimos meses como expresaron funcionarios policiales ya que en el 2018 la partida fue de $18,069,790 y para el 2019 es de $37.721.35?”.

También se indica, ”el Intendente sostuvo públicamente en declaraciones radiales que el Municipio paga 2/3 del combustible de los patrulleros ¿hubo reducción de las partidas provinciales?;

-¿se analizó sumar recursos extras de otras partidas a la Secretaría de Seguridad?, de ser afirmativa la respuesta ¿qué partidas y áreas serán afectadas?;

¿cuáles son las acciones de abordaje integral de prevención del delito que se piensan realizar desde la Secretaría de Seguridad para el 2019?;

¿se evaluaron cambios en el funcionamientos y en los recursos asignados al Centro Único de Monitoreo?”.

La concejala Gisela Ghigliani presentó una minuta de comunicación solicitando información sobre el Programa de Inclusión Laboral Trans, el que se encuentra demorado desde el 10 de Abril de 2018 en dependencias municipales.

Considera que es de vital importancia, ya que la comunidad travesti, transexual y transgénero de Argentina se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país, y la realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato.

El bloque Unidad Ciudadana–PJ, presentó un proyecto de resolución expresando beneplácito por la presentación del amparo colectivo contra los aumentos de tarifas eléctricas en el Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°4 de La Plata.

Se considera que el amparo colectivo se fundamenta en la falta de razonabilidad de los aumentos, la discrepancia entre los aumentos de ingresos de la población y la tarifa, y el incumplimiento de la premisa de mejora del servicio a partir de la cual se dio inicio al proceso de aumentos de emergencia energética.

Por ultimo, el bloque autor, manifiesta que el resultado es a favor de las empresas que demuestra que, en vez de volcarse en inversiones, los mayores ingresos se desviaron a mejorar los beneficios y el valor patrimonial de las prestadoras de los tres segmentos del sistema eléctrico.